¿Y si todos dejásemos de pagar los impuestos? De eso se trata, grosso modo, el concepto de rebelión fiscal, que circuló por los medios durante los últimos días, en el marco de los cruces entre el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente, Javier Milei.

“Kicillof ha generado un impuestazo fenomenal, pero nunca le alcanza. ¿Es un vampiro dentro de un banco de sangre? ¿Mastica plata? El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. Y esto es rebelión fiscal con sentido común”, había dicho el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert. Consultado el Presidente acerca de si apoyaba el llamado del legislador Milei respondió: “Absolutamente, porque el default de la provincia de Buenos Aires es uno de los más groseros dentro del caso argentino. Está habiendo una expropiación feroz”.

El gobernador bonaerense, referente cristinokirchnerista, negó que la suba de tributos que impulsó en su provincia alcance el nivel de “impuestazo”, y arremetió contra Milei. “Es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente llame a incumplir la ley. No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra; pero nunca pasó”, fustigó.

“Lo que propone Espert -y que avaló el Presidente- es directamente dejar de pagar impuestos cuando se consideran impuestos abusivos; es decir, que están, en todo caso, violando derechos de propiedad, en el sentido de que sobrepasan una determinada dimensión; y en lugar de ser aportes al Estado pasan a ser confiscatorios”, explicó el economista Eduardo Robinson.

Insistió en que, como su nombre lo indica, el concepto implica rebelarse, no pagar. “Eso es lo que, en todo caso, está motivando ese llamado”, dijo.

Robinson cuestionó el sistema tributario de la Argentina. “La presión fiscal en las tres jurisdicciones del Estado -cada provincia, cada municipio y, por supuesto, la Nación- es muy alta. Este ha sido uno de los principales problemas de la economía argentina, que ha inhibido la inversión y, por supuesto, ha inhibido todo lo que tiene que ver con la reactivación del aparato productivo, desde hace mucho tiempo. Una elevada carga fiscal, que claramente obstaculiza toda la inversión; y eso redunda en desempleo, en baja productividad y también en lo que tiene que ver con calidad de vida”, remarcó.

Afirmó que los cruces entre Espert, Milei y Kicillof responden netamente a una cuestión política. “Claro, que de concretarse (la rebelión fiscal) causaría problemas de financiamiento presupuestario. Los impuestos son leyes; y llamar a una rebelión es alterar la ley. Y eso no es una buena señal para gobernabilidad”, finalizó Robinson.

Cuestionamiento

El máster en economía Gabriel Amos Fridrij cuestionó la arenga de Espert, avalada por Milei. El también docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán explicó que, en su estructura para crecer en el largo plazo, los países tienen como base lo que se llama la seguridad jurídica, la seguridad institucional. “Esto sirve para que todas las relaciones entre individuos y entre Estados estén regladas y tengan un marco de referencia para quien quiere invertir, para quien quiere comprar, para quien quiere vender. En este sentido, en el libre mercado o en los modelos liberales toma muchísima más relevancia delimitar todo esto con mucha precisión”, precisó Fridrij.

Subrayó que las economías crecen y se desarrollan teniendo como uno de sus pilares la seguridad jurídica. “Y en ese sentido, llamar a una rebelión fiscal no va a favor de mantener reglas claras de juego entre privados y Estado; y esto puede dar lugar a que no haya claridad en términos de cómo se debe manejar la sociedad con el Estado y el Estado con la sociedad”, alertó.

Consideró que la cuestión debe seguir caminos normales, según marque la Constitución o las distintas leyes que rijan los apartados fiscales, tanto provinciales como nacionales. “Pero no en términos de una rebelión; porque si no, eso da lugar a libertinaje y da lugar a que cada uno haga lo que cada uno considera, sin seguir una línea de reglas claras”, reprochó Fridrij.

A criterio del economista lo más importante en esta situación es tratar de mantener una línea coherente, para asegurar la institucionalidad y la seguridad jurídica del país. “De hecho, las inversiones van a los países, en gran medida, por la seguridad jurídica que estos van brindando”, resaltó.

Y puntualizó que los países se constituyen por las empresas, por los ciudadanos, por los privados, por las instituciones públicas. “Es un conjunto... Entonces, esto no dejaría, bajo ningún punto de vista, un buen antecedente para el país. Y desde mi perspectiva sería, además, un antecedente negativo en términos de crecimiento futuro económico”, advirtió.